5.26.2008
CUIDADOS PARA RENOVAR DERECHOS HUMANOS
CARTA ABIERTA AL CONGRESO DE JALISCO
H. Congreso del Estado de Jalisco.
Señores diputados:
En los días recientes ha salido a la luz un conflicto entre algunos ciudadanos consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y el Presidente de ese organismo público autónomo. Identificamos como una de las causas del desencuentro la elección de un consejero suplente como nuevo consejero propietario, a raíz de la renuncia de la consejera propietaria María Esther Cortés García.
En este enfrentamiento de posiciones, que además involucra una denuncia de prácticas clientelares irregulares, que se han ventilado en los medios de comunicación, imputadas al Presidente de la Comisión. de por sí denuncia digna de ser atendida por ustedes; llama la atención que el H. Congreso del Estado no ha conocido ni resuelto la renuncia de la ciudadana María Esther Cortés, asunto que le está reservado al Congreso por disposición de la Constitución Política del Estado de Jalisco. (Ver Art. 34, f. XV)
Tal omisión hace nulos los actos de elección del nuevo consejero propietario, pues se procedió a la elección de un sustituto cuando no se conoce la postura de la autoridad competente para conocer y resolver la renuncia del titular. Y por consecuencia, hace nulos los actos del Consejo de la CEDHJ en los que haya participado en carácter de titular el consejero electo de manera irregular por anticiparse a la resolución del Congreso. Además, el consejero elegido de esta manera irregular no ha rendido la protesta de ley (Ver Diario de los Debates, LVII Legislatura, tomo XII, núm. 164, 28 de Noviembre de 2005) y por tanto sus actos y los del consejo en el que participa son nulos.
De comprobarse este descuido procedimental, la soberanía a su cargo debiera proceder a conocer y resolver la citada renuncia; luego, en el caso de aceptarse la renuncia de la ciudadana consejera María Esther Cortés García, debiera ordenarse a la CEDHJ la reposición del procedimiento por el cual se elige al consejero titular de entre los consejeros suplentes, en cumplimiento de la Ley Orgánica de dicha Comisión, artículo 16.
Ahora bien, el caso pone en evidencia una irregularidad legal de la mayor importancia. Se trata precisamente de la atribución que la Ley Orgánica de la CEDHJ otorga al Consejo de la misma, en el sentido de elegir de entre los consejeros suplentes, a quien ha de ocupar el cargo de consejero titular, en los casos de ausencia definitiva de un titular. Esto constituye un exceso de delegación de atribuciones. La Constitución de Jalisco prevé el nombramiento de los consejeros titulares y suplentes por parte del pleno del Congreso del Estado. Y cuando se establece y otorga la citada atribución de suplir la ausencia definitiva de un consejero titular a otra entidad, el Congreso renuncia a una facultad constitucional, de por sí irrenunciable. No es congruente con el constituyente jalisciense que una entidad, respetable pero segunda, respecto de la Soberanía Popular Jalisciense, realice, en los hechos, una facultad del Congreso, aun a pesar de estar establecida en ley secundaria.
Por tanto, rogamos a ustedes:
Revisar los actos del Consejo de la CEDHJ mediante los cuales nombró a un consejero suplente como titular sin cumplir las formalidades constitucionales que piden el extremo de que el Congreso del Estado sea quien conozca y resuelva la renuncia de un consejero titular.
Revisen y corrijan la incoherencia legislativa que otorga al Consejo de la CEDHJ una facultad reservada por la constitución de Jalisco: la de nombrar a los consejeros titulares y suplentes.
Por último, emitan un extrañamiento al C. Presidente de la CEDHJ por proceder sin respeto a los procedimientos constitucionales al apresurar el nombramiento de un nuevo titular sin haberse cumplidos los extremos mandados por la Norma. Así mismo, le haga saber de la posible nulidad de sus actos y le mande reponerlos, a la brevedad, con apego a la legalidad.
Agradecemos a ustedes desde ahora la atención a nuestra solicitud.
Firmas
Jorge Alonso
Miguel Bazdresch P.
Augusto Chacón
Enrique Valencia
Rubén Alonso
Manuel Falcón
Jaime Preciado Coronado
Ivabelle Arroyo
Isabel Sepúlveda
José Bautista
H. Congreso del Estado de Jalisco.
Señores diputados:
En los días recientes ha salido a la luz un conflicto entre algunos ciudadanos consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y el Presidente de ese organismo público autónomo. Identificamos como una de las causas del desencuentro la elección de un consejero suplente como nuevo consejero propietario, a raíz de la renuncia de la consejera propietaria María Esther Cortés García.
En este enfrentamiento de posiciones, que además involucra una denuncia de prácticas clientelares irregulares, que se han ventilado en los medios de comunicación, imputadas al Presidente de la Comisión. de por sí denuncia digna de ser atendida por ustedes; llama la atención que el H. Congreso del Estado no ha conocido ni resuelto la renuncia de la ciudadana María Esther Cortés, asunto que le está reservado al Congreso por disposición de la Constitución Política del Estado de Jalisco. (Ver Art. 34, f. XV)
Tal omisión hace nulos los actos de elección del nuevo consejero propietario, pues se procedió a la elección de un sustituto cuando no se conoce la postura de la autoridad competente para conocer y resolver la renuncia del titular. Y por consecuencia, hace nulos los actos del Consejo de la CEDHJ en los que haya participado en carácter de titular el consejero electo de manera irregular por anticiparse a la resolución del Congreso. Además, el consejero elegido de esta manera irregular no ha rendido la protesta de ley (Ver Diario de los Debates, LVII Legislatura, tomo XII, núm. 164, 28 de Noviembre de 2005) y por tanto sus actos y los del consejo en el que participa son nulos.
De comprobarse este descuido procedimental, la soberanía a su cargo debiera proceder a conocer y resolver la citada renuncia; luego, en el caso de aceptarse la renuncia de la ciudadana consejera María Esther Cortés García, debiera ordenarse a la CEDHJ la reposición del procedimiento por el cual se elige al consejero titular de entre los consejeros suplentes, en cumplimiento de la Ley Orgánica de dicha Comisión, artículo 16.
Ahora bien, el caso pone en evidencia una irregularidad legal de la mayor importancia. Se trata precisamente de la atribución que la Ley Orgánica de la CEDHJ otorga al Consejo de la misma, en el sentido de elegir de entre los consejeros suplentes, a quien ha de ocupar el cargo de consejero titular, en los casos de ausencia definitiva de un titular. Esto constituye un exceso de delegación de atribuciones. La Constitución de Jalisco prevé el nombramiento de los consejeros titulares y suplentes por parte del pleno del Congreso del Estado. Y cuando se establece y otorga la citada atribución de suplir la ausencia definitiva de un consejero titular a otra entidad, el Congreso renuncia a una facultad constitucional, de por sí irrenunciable. No es congruente con el constituyente jalisciense que una entidad, respetable pero segunda, respecto de la Soberanía Popular Jalisciense, realice, en los hechos, una facultad del Congreso, aun a pesar de estar establecida en ley secundaria.
Por tanto, rogamos a ustedes:
Revisar los actos del Consejo de la CEDHJ mediante los cuales nombró a un consejero suplente como titular sin cumplir las formalidades constitucionales que piden el extremo de que el Congreso del Estado sea quien conozca y resuelva la renuncia de un consejero titular.
Revisen y corrijan la incoherencia legislativa que otorga al Consejo de la CEDHJ una facultad reservada por la constitución de Jalisco: la de nombrar a los consejeros titulares y suplentes.
Por último, emitan un extrañamiento al C. Presidente de la CEDHJ por proceder sin respeto a los procedimientos constitucionales al apresurar el nombramiento de un nuevo titular sin haberse cumplidos los extremos mandados por la Norma. Así mismo, le haga saber de la posible nulidad de sus actos y le mande reponerlos, a la brevedad, con apego a la legalidad.
Agradecemos a ustedes desde ahora la atención a nuestra solicitud.
Firmas
Jorge Alonso
Miguel Bazdresch P.
Augusto Chacón
Enrique Valencia
Rubén Alonso
Manuel Falcón
Jaime Preciado Coronado
Ivabelle Arroyo
Isabel Sepúlveda
José Bautista
Etiquetas: derechos humanos, política
5.03.2008
ESTRATEGIA CONTINENTAL
Boaventura de Souza Santos
Acerca de la incursión del ejército colombiano en territorio de Ecuador para eliminar a un grupo de guerrilleros de las FARC, parece estar todo dicho; más aún si aparece como un caso cerrado, exitosamente cerrado. Pero la verdad es que no es así. Lo que se revela sobre la situación es tan importante como lo que se oculta.
Primer ocultamiento: los procesos políticos en América Latina cuestionan el control continental que Estados Unidos necesita para garantizar el libre acceso a los recursos naturales de la región. Se trata de una amenaza a la seguridad nacional estadunidense que ante el fracaso inminente de las respuestas “consensuadas” (libre comercio y concesiones para las bases militares) busca tener una respuesta firme y unilateral. Es decir, la guerra global contra el terrorismo llega al continente –llegó con el Plan Colombia, pero con la incursión en Medio Oriente provocó algún atraso– y asume aquí las mismas características que ha adquirido en otros continentes: utilizar un aliado privilegiado (sea éste Colombia, Israel o Pakistán) a quien a lo largo del tiempo es provisto con la ayuda miliar e información de espionaje sofisticado que lo pone al abrigo de represalias y le permite acciones dramáticas de bajo costo y éxito certero; se incita al aliado al aislacionismo regional como precio a pagar por la alianza hegemónica.
La guerra contra el terrorismo incluye acciones muy visibles y otras secretas. Entre las últimas están los actos de espionaje y de desestabilización; Bolivia, Venezuela, la triple frontera (Paraguay, Brasil, Argentina) son los blancos privilegiados. En Bolivia, becarios estadunidenses de la Fundación Fullbright son llamados por la embajada de Estados Unidos para dar información sobre la presencia de cubanos y venezolanos y movimientos indígenas sospechados; mientras, los separatistas extremistas de Santa Cruz son entrenados en la selva colombiana por los paramilitares. Nuevos hechos: en las acciones de desestabilización pueden participar empresas militares y de seguridad privada, contratadas por Estados Unidos bajo el paraguas del Plan Colombia que, además, las dota de inmunidad diplomática y por lo tanto impunidad ante la justicia nacional.
Segundo ocultamiento: la verdadera amenaza no son las FARC. Son las fuerzas progresistas y, en especial, los movimientos indígenas y campesinos. De hecho, la permanencia de las FARC es fundamental para mantener la justificación de la guerra contra el terrorismo y generar un clima de miedo y una lógica bélica que bloquea el ascenso de las fuerzas progresistas, denominadas Polo Democrático de Colombia.
Por la misma razón, la intervención humanitaria a favor de los rehenes tuvo que ser desmantelada para que no obtuviera rédito político Hugo Chávez. Las fuerzas políticas progresistas amenazan la dominación territorial de Estados Unidos a través de medidas que buscan fortalecer la soberanía de los países sobre los recursos naturales y alterar las reglas de la distribución de los beneficios de su explotación.
Pero la mayor amenaza proviene de aquellos que invocan derechos ancestrales sobre los territorios donde están esos recursos, o sea, de los pueblos indígenas. En relación con esto es elocuente el informe Tendencias globales-2020, producido por el Consejo Nacional de Información de Estados Unidos, sobre los escenarios de amenaza a la seguridad nacional del país.
En el documento se afirma que las reivindicaciones territoriales de los movimientos indígenas “representan un riesgo para la seguridad regional” y son uno de los “factores principales que determinarán el futuro latinoamericano”.
Tomando como ejemplo las luchas indígenas de Chiapas, Ecuador, Bolivia, Chile y el sur de Argentina, se dice que “en el inicio del siglo XXI existen grupos indígenas radicales en la mayoría de los países latinoamericanos que en 2020 podrán crecer exponencialmente, obteniendo la adhesión de la mayoría de los pueblos indígenas... Estos grupos podrán establecer relaciones con grupos terroristas internacionales y grupos antiglobalización... que cuestionarán las políticas económicas de los liderazgos de origen europeo”.
A la luz de esto no sorprende que el presidente de Perú se pregunte “si no habrá una internacional terrorista en América Latina”. Tampoco sorprende que actualmente centenares de líderes indígenas de Perú y de Chile hayan sido imputados al abrigo de leyes anti-terroristas promulgadas en éstos y otros países (por presión estadunidense) por defender sus territorios.
La estrategia queda entonces delineada: transformar los movimientos indígenas en la próxima generación de terroristas y, para enfrentarlos, seguir las recetas señaladas en el informe: tolerancia cero, refuerzos para gastos militares, estrechamiento de las relaciones con Estados Unidos.
La responsabilidad de las fuerzas políticas progresistas es lograr que esta estrategia fracase.
Publicado en Pagina 12, Argentina
Acerca de la incursión del ejército colombiano en territorio de Ecuador para eliminar a un grupo de guerrilleros de las FARC, parece estar todo dicho; más aún si aparece como un caso cerrado, exitosamente cerrado. Pero la verdad es que no es así. Lo que se revela sobre la situación es tan importante como lo que se oculta.
Primer ocultamiento: los procesos políticos en América Latina cuestionan el control continental que Estados Unidos necesita para garantizar el libre acceso a los recursos naturales de la región. Se trata de una amenaza a la seguridad nacional estadunidense que ante el fracaso inminente de las respuestas “consensuadas” (libre comercio y concesiones para las bases militares) busca tener una respuesta firme y unilateral. Es decir, la guerra global contra el terrorismo llega al continente –llegó con el Plan Colombia, pero con la incursión en Medio Oriente provocó algún atraso– y asume aquí las mismas características que ha adquirido en otros continentes: utilizar un aliado privilegiado (sea éste Colombia, Israel o Pakistán) a quien a lo largo del tiempo es provisto con la ayuda miliar e información de espionaje sofisticado que lo pone al abrigo de represalias y le permite acciones dramáticas de bajo costo y éxito certero; se incita al aliado al aislacionismo regional como precio a pagar por la alianza hegemónica.
La guerra contra el terrorismo incluye acciones muy visibles y otras secretas. Entre las últimas están los actos de espionaje y de desestabilización; Bolivia, Venezuela, la triple frontera (Paraguay, Brasil, Argentina) son los blancos privilegiados. En Bolivia, becarios estadunidenses de la Fundación Fullbright son llamados por la embajada de Estados Unidos para dar información sobre la presencia de cubanos y venezolanos y movimientos indígenas sospechados; mientras, los separatistas extremistas de Santa Cruz son entrenados en la selva colombiana por los paramilitares. Nuevos hechos: en las acciones de desestabilización pueden participar empresas militares y de seguridad privada, contratadas por Estados Unidos bajo el paraguas del Plan Colombia que, además, las dota de inmunidad diplomática y por lo tanto impunidad ante la justicia nacional.
Segundo ocultamiento: la verdadera amenaza no son las FARC. Son las fuerzas progresistas y, en especial, los movimientos indígenas y campesinos. De hecho, la permanencia de las FARC es fundamental para mantener la justificación de la guerra contra el terrorismo y generar un clima de miedo y una lógica bélica que bloquea el ascenso de las fuerzas progresistas, denominadas Polo Democrático de Colombia.
Por la misma razón, la intervención humanitaria a favor de los rehenes tuvo que ser desmantelada para que no obtuviera rédito político Hugo Chávez. Las fuerzas políticas progresistas amenazan la dominación territorial de Estados Unidos a través de medidas que buscan fortalecer la soberanía de los países sobre los recursos naturales y alterar las reglas de la distribución de los beneficios de su explotación.
Pero la mayor amenaza proviene de aquellos que invocan derechos ancestrales sobre los territorios donde están esos recursos, o sea, de los pueblos indígenas. En relación con esto es elocuente el informe Tendencias globales-2020, producido por el Consejo Nacional de Información de Estados Unidos, sobre los escenarios de amenaza a la seguridad nacional del país.
En el documento se afirma que las reivindicaciones territoriales de los movimientos indígenas “representan un riesgo para la seguridad regional” y son uno de los “factores principales que determinarán el futuro latinoamericano”.
Tomando como ejemplo las luchas indígenas de Chiapas, Ecuador, Bolivia, Chile y el sur de Argentina, se dice que “en el inicio del siglo XXI existen grupos indígenas radicales en la mayoría de los países latinoamericanos que en 2020 podrán crecer exponencialmente, obteniendo la adhesión de la mayoría de los pueblos indígenas... Estos grupos podrán establecer relaciones con grupos terroristas internacionales y grupos antiglobalización... que cuestionarán las políticas económicas de los liderazgos de origen europeo”.
A la luz de esto no sorprende que el presidente de Perú se pregunte “si no habrá una internacional terrorista en América Latina”. Tampoco sorprende que actualmente centenares de líderes indígenas de Perú y de Chile hayan sido imputados al abrigo de leyes anti-terroristas promulgadas en éstos y otros países (por presión estadunidense) por defender sus territorios.
La estrategia queda entonces delineada: transformar los movimientos indígenas en la próxima generación de terroristas y, para enfrentarlos, seguir las recetas señaladas en el informe: tolerancia cero, refuerzos para gastos militares, estrechamiento de las relaciones con Estados Unidos.
La responsabilidad de las fuerzas políticas progresistas es lograr que esta estrategia fracase.
Publicado en Pagina 12, Argentina
