Lumen Civitas

Los recientes procesos de designación de los consejeros ciudadanos del Instituto Electoral del Estado de Jalisco y del Instituto de Transparencia y acceso a la Información Pública, ambos organismos autónomos por ley, muestran insuficiencias fundamentales.

Es notoria la falta de claridad en los criterios, perfiles y razones con las cuales evaluar y seleccionar los mejores aspirantes de entre los ciudadanos que responden a las convocatorias. Y al mismo tiempo también es notoria, a pesar de la expresión de buenas voluntades de los diputados, la designación con base en intereses partidistas.

Se nota, al final del proceso, una larga serie de intercambios entre los integrantes de los dos partidos mayoritarios, conducentes a incorporar en la “lista final” a personas que tienen el “plácet” partidista y luego negociar con el partido de enfrente con base en alegatos tipo “pasa - no-pasa” sin ventilar en el pleno público los argumentos, las razones, los criterios, las bondades de cada sujeto propuesto. El interés, según se observan los sucesos, está en conseguir que se acepte la decisión partidista y no en evaluar las características de cada aspirante contra las aptitudes requeridas por el puesto. La dinámica congresal de trabajo en comisones, dictámenes que se disputan entre líderes de fracciones y mera aprobación plenaria del mismo sin discusión, empuja al Congreso a estas prácticas detestables.

Este proceso “partidizado” desvirtúa el carácter ciudadano de los puestos de consejeros en ambos institutos. Esas instituciones autónomas, a la par de otras de interés público, se diseñaron de manera tal que su máxima autoridad estuviera constituida con consejos ciudadanos, porque el gobierno democrático no puede serlo cabalmente si los ciudadanos que no son militantes de partidos o grupos políticos, no tienen poder para vigilar y sancionar los excesos u omisiones de los gobernantes en áreas políticas estratégicas del gobierno, como son, en este caso, la electoral, la rendición de cuentas y la información pública. Los ciudadanos no podemos sentirnos representados por esos consejeros más “de partido” que de “a pie” como el pueblo en general. No tenemos confianza que mantengan una posición independiente del gobierno y de los partidos políticos. Si los partidos les hicieron el favor de darles el puesto, ¿qué garantía se tiene de que sean autónomos en sus juicios?

Los procesos observados en las designaciones recientes muestran un retroceso en la dinámica de entregar poder a los ciudadanos para incrementar la gobernabilidad democrática, y anuncia una regresión autoritaria en la cual el gobierno se nota harto de ser vigilado y sancionado por organismos con base en ciudadanos autorizados por la ley para eso precisamente: controlarlo. Este gobierno no quiere ser visto por nadie, sino en aquello que pueda presumir. No quiere ser exhibido por los excesos de sus personeros y funcionarios y no quiere, en suma y por inferencia, constituirse en gobierno plenamente democrático.

Además, estos hechos debilitan el interés de los ciudadanos en participar en el poder, porque prevén la simulación en la cual se pueden encontrar, si su sano y democrático propósito se ve envuelto en una danza de intereses facciosos y oscuros, por no ser públicos. Y hay peligro de configurar un círculo vicioso: los ciudadanos preparados no acuden a las convocatorias del poder pues no aceptan verse envueltos en luchas partidistas, lo cual deja espacio a otros ciudadanos muchas veces sólo interesados, legítimamente, en el empleo o la posible fama asociada al puesto.

Se observa así, un deterioro del Consejo del Instituto electoral, al configurarse con ciudadanos de bajo perfil. Lo cual se agudiza en el caso del Consejo del Instituto de Transparencia, donde la categoría de honorífico, atrajo incluso a ciudadanos en ignorancia de la responsabilidad a la que aspiraban. Y es de esperarse, aunque no lo deseamos, decisiones conflictivas o conflictos en las decisiones de ambos consejos. Lo cual sugiere un escenario futuro de intervención de los partidos para evitar o resolver esos conflictos y decisiones. Las elecciones competidas que se avecinan exigirán de la autoridad electoral una actitud sapiencial, la cual no hemos podido constatar aun en ninguno de los consejeros elegidos. La resolución de diferendos entre ciudadanos y funcionarios por disponer o no de información pública sensible exigirá de los consejeros del ITIP una enorme honestidad para resistir la tentación de no manipular los contenidos de los datos a los cuales tendrán acceso. Y aun no conocemos las reglas para sancionar las fallas que en esta área tan importante puedan caer los consejeros.

Ambos procesos fueron encarados por los diputados responsables con voluntad de designar a los mejores de manera imparcial y con base en criterios surgidos del puesto. Las convocatorias más precisas, la evaluación por examen, las entrevistas públicas, la publicación de sus avances en los medios, la atención a corregir sobre la marcha alguna deficiencia, da muestras de esa voluntad. Con pesar observamos que la "partidocracia" los arrolló igual que a los ciudadanos.

Estos datos exigen de quienes desean consolidar la democracia enfrentar este aviso de regresión con decisión y propuestas para modificar de raíz estos procesos de conformación de las instituciones públicas con ciudadanos no partidistas en el poder institucional. Por eso, queremos ofrecer una propuesta para procesos de selección de ciudadanos en los organismos públicos.

En primer lugar el Congreso ha de decidirse a construir, o en su defecto a consultar, bancos de información sobre los temas electoral, rendición de cuentas y otros. Así dispondrán de datos acerca de quién (personas, organizaciones, instituciones) trabaja en esas áreas y con qué frutos. De tal modo los diputados responsables de los procesos de designación pueden, con rapidez, enterarse del tema y de los principales actores. En segundo lugar los legisladores se han de comprometer con un perfil detallado, claro y socioprofesional para los puestos a ocupar por designación del Congreso. Con ambos ingredientes anteriores el Congreso puede hacer llegar invitaciones a participar en sus convocatorias a los actores destacados en cada área. En tercer lugar los diputados han de asegurar un proceso de designación público de principio a fin: perfiles publicados, criterios de selección claros publicados, audiencias de examen de candidatos (planeadas, preparadas y pertinentes) públicas, incluso oposición pública entre candidatos si fuera el caso. Y este proceso ha de quedar reglamentado para evitar su manipulación de proceso a proceso o de legislatura a legislatura. Al final, la decisión ha de ser en sesión plenaria pública, con discusión abierta, con votación candidato a candidato de quienes se consideran idóneos, y por mayoría calificada como es ahora.

Concluimos. Con base en nuestros intentos realizados de señalar públicamente algunas deficiencias, de realizar por nuestra parte lo pedido a los diputados, y de llamar la atención de los partidos y evitar su intromisión; verificamos la aceptación e incorporación de alguna de las precauciones sugeridas, constatamos procesos de designación y consejos ciudadanos que no dejan satisfechos a nadie, y, por tanto, aceptamos el imperativo de evitar regresiones autoritarias mediante la insistencia en democratizar la vida pública de Jalisco.