5.26.2008
CUIDADOS PARA RENOVAR DERECHOS HUMANOS
H. Congreso del Estado de Jalisco.
Señores diputados:
En los días recientes ha salido a la luz un conflicto entre algunos ciudadanos consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y el Presidente de ese organismo público autónomo. Identificamos como una de las causas del desencuentro la elección de un consejero suplente como nuevo consejero propietario, a raíz de la renuncia de la consejera propietaria María Esther Cortés García.
En este enfrentamiento de posiciones, que además involucra una denuncia de prácticas clientelares irregulares, que se han ventilado en los medios de comunicación, imputadas al Presidente de la Comisión. de por sí denuncia digna de ser atendida por ustedes; llama la atención que el H. Congreso del Estado no ha conocido ni resuelto la renuncia de la ciudadana María Esther Cortés, asunto que le está reservado al Congreso por disposición de la Constitución Política del Estado de Jalisco. (Ver Art. 34, f. XV)
Tal omisión hace nulos los actos de elección del nuevo consejero propietario, pues se procedió a la elección de un sustituto cuando no se conoce la postura de la autoridad competente para conocer y resolver la renuncia del titular. Y por consecuencia, hace nulos los actos del Consejo de la CEDHJ en los que haya participado en carácter de titular el consejero electo de manera irregular por anticiparse a la resolución del Congreso. Además, el consejero elegido de esta manera irregular no ha rendido la protesta de ley (Ver Diario de los Debates, LVII Legislatura, tomo XII, núm. 164, 28 de Noviembre de 2005) y por tanto sus actos y los del consejo en el que participa son nulos.
De comprobarse este descuido procedimental, la soberanía a su cargo debiera proceder a conocer y resolver la citada renuncia; luego, en el caso de aceptarse la renuncia de la ciudadana consejera María Esther Cortés García, debiera ordenarse a la CEDHJ la reposición del procedimiento por el cual se elige al consejero titular de entre los consejeros suplentes, en cumplimiento de la Ley Orgánica de dicha Comisión, artículo 16.
Ahora bien, el caso pone en evidencia una irregularidad legal de la mayor importancia. Se trata precisamente de la atribución que la Ley Orgánica de la CEDHJ otorga al Consejo de la misma, en el sentido de elegir de entre los consejeros suplentes, a quien ha de ocupar el cargo de consejero titular, en los casos de ausencia definitiva de un titular. Esto constituye un exceso de delegación de atribuciones. La Constitución de Jalisco prevé el nombramiento de los consejeros titulares y suplentes por parte del pleno del Congreso del Estado. Y cuando se establece y otorga la citada atribución de suplir la ausencia definitiva de un consejero titular a otra entidad, el Congreso renuncia a una facultad constitucional, de por sí irrenunciable. No es congruente con el constituyente jalisciense que una entidad, respetable pero segunda, respecto de la Soberanía Popular Jalisciense, realice, en los hechos, una facultad del Congreso, aun a pesar de estar establecida en ley secundaria.
Por tanto, rogamos a ustedes:
Revisar los actos del Consejo de la CEDHJ mediante los cuales nombró a un consejero suplente como titular sin cumplir las formalidades constitucionales que piden el extremo de que el Congreso del Estado sea quien conozca y resuelva la renuncia de un consejero titular.
Revisen y corrijan la incoherencia legislativa que otorga al Consejo de la CEDHJ una facultad reservada por la constitución de Jalisco: la de nombrar a los consejeros titulares y suplentes.
Por último, emitan un extrañamiento al C. Presidente de la CEDHJ por proceder sin respeto a los procedimientos constitucionales al apresurar el nombramiento de un nuevo titular sin haberse cumplidos los extremos mandados por la Norma. Así mismo, le haga saber de la posible nulidad de sus actos y le mande reponerlos, a la brevedad, con apego a la legalidad.
Agradecemos a ustedes desde ahora la atención a nuestra solicitud.
Firmas
Jorge Alonso
Miguel Bazdresch P.
Augusto Chacón
Enrique Valencia
Rubén Alonso
Manuel Falcón
Jaime Preciado Coronado
Ivabelle Arroyo
Isabel Sepúlveda
José Bautista
Etiquetas: derechos humanos, política
5.03.2008
ESTRATEGIA CONTINENTAL
Acerca de la incursión del ejército colombiano en territorio de Ecuador para eliminar a un grupo de guerrilleros de las FARC, parece estar todo dicho; más aún si aparece como un caso cerrado, exitosamente cerrado. Pero la verdad es que no es así. Lo que se revela sobre la situación es tan importante como lo que se oculta.
Primer ocultamiento: los procesos políticos en América Latina cuestionan el control continental que Estados Unidos necesita para garantizar el libre acceso a los recursos naturales de la región. Se trata de una amenaza a la seguridad nacional estadunidense que ante el fracaso inminente de las respuestas “consensuadas” (libre comercio y concesiones para las bases militares) busca tener una respuesta firme y unilateral. Es decir, la guerra global contra el terrorismo llega al continente –llegó con el Plan Colombia, pero con la incursión en Medio Oriente provocó algún atraso– y asume aquí las mismas características que ha adquirido en otros continentes: utilizar un aliado privilegiado (sea éste Colombia, Israel o Pakistán) a quien a lo largo del tiempo es provisto con la ayuda miliar e información de espionaje sofisticado que lo pone al abrigo de represalias y le permite acciones dramáticas de bajo costo y éxito certero; se incita al aliado al aislacionismo regional como precio a pagar por la alianza hegemónica.
La guerra contra el terrorismo incluye acciones muy visibles y otras secretas. Entre las últimas están los actos de espionaje y de desestabilización; Bolivia, Venezuela, la triple frontera (Paraguay, Brasil, Argentina) son los blancos privilegiados. En Bolivia, becarios estadunidenses de la Fundación Fullbright son llamados por la embajada de Estados Unidos para dar información sobre la presencia de cubanos y venezolanos y movimientos indígenas sospechados; mientras, los separatistas extremistas de Santa Cruz son entrenados en la selva colombiana por los paramilitares. Nuevos hechos: en las acciones de desestabilización pueden participar empresas militares y de seguridad privada, contratadas por Estados Unidos bajo el paraguas del Plan Colombia que, además, las dota de inmunidad diplomática y por lo tanto impunidad ante la justicia nacional.
Segundo ocultamiento: la verdadera amenaza no son las FARC. Son las fuerzas progresistas y, en especial, los movimientos indígenas y campesinos. De hecho, la permanencia de las FARC es fundamental para mantener la justificación de la guerra contra el terrorismo y generar un clima de miedo y una lógica bélica que bloquea el ascenso de las fuerzas progresistas, denominadas Polo Democrático de Colombia.
Por la misma razón, la intervención humanitaria a favor de los rehenes tuvo que ser desmantelada para que no obtuviera rédito político Hugo Chávez. Las fuerzas políticas progresistas amenazan la dominación territorial de Estados Unidos a través de medidas que buscan fortalecer la soberanía de los países sobre los recursos naturales y alterar las reglas de la distribución de los beneficios de su explotación.
Pero la mayor amenaza proviene de aquellos que invocan derechos ancestrales sobre los territorios donde están esos recursos, o sea, de los pueblos indígenas. En relación con esto es elocuente el informe Tendencias globales-2020, producido por el Consejo Nacional de Información de Estados Unidos, sobre los escenarios de amenaza a la seguridad nacional del país.
En el documento se afirma que las reivindicaciones territoriales de los movimientos indígenas “representan un riesgo para la seguridad regional” y son uno de los “factores principales que determinarán el futuro latinoamericano”.
Tomando como ejemplo las luchas indígenas de Chiapas, Ecuador, Bolivia, Chile y el sur de Argentina, se dice que “en el inicio del siglo XXI existen grupos indígenas radicales en la mayoría de los países latinoamericanos que en 2020 podrán crecer exponencialmente, obteniendo la adhesión de la mayoría de los pueblos indígenas... Estos grupos podrán establecer relaciones con grupos terroristas internacionales y grupos antiglobalización... que cuestionarán las políticas económicas de los liderazgos de origen europeo”.
A la luz de esto no sorprende que el presidente de Perú se pregunte “si no habrá una internacional terrorista en América Latina”. Tampoco sorprende que actualmente centenares de líderes indígenas de Perú y de Chile hayan sido imputados al abrigo de leyes anti-terroristas promulgadas en éstos y otros países (por presión estadunidense) por defender sus territorios.
La estrategia queda entonces delineada: transformar los movimientos indígenas en la próxima generación de terroristas y, para enfrentarlos, seguir las recetas señaladas en el informe: tolerancia cero, refuerzos para gastos militares, estrechamiento de las relaciones con Estados Unidos.
La responsabilidad de las fuerzas políticas progresistas es lograr que esta estrategia fracase.
Publicado en Pagina 12, Argentina
1.01.2006
LOS CIUDADANOS DECIMOS:
Es notoria la falta de claridad en los criterios, perfiles y razones con las cuales evaluar y seleccionar los mejores aspirantes de entre los ciudadanos que responden a las convocatorias. Y al mismo tiempo también es notoria, a pesar de la expresión de buenas voluntades de los diputados, la designación con base en intereses partidistas.
Se nota, al final del proceso, una larga serie de intercambios entre los integrantes de los dos partidos mayoritarios, conducentes a incorporar en la “lista final” a personas que tienen el “plácet” partidista y luego negociar con el partido de enfrente con base en alegatos tipo “pasa - no-pasa” sin ventilar en el pleno público los argumentos, las razones, los criterios, las bondades de cada sujeto propuesto. El interés, según se observan los sucesos, está en conseguir que se acepte la decisión partidista y no en evaluar las características de cada aspirante contra las aptitudes requeridas por el puesto. La dinámica congresal de trabajo en comisones, dictámenes que se disputan entre líderes de fracciones y mera aprobación plenaria del mismo sin discusión, empuja al Congreso a estas prácticas detestables.
Este proceso “partidizado” desvirtúa el carácter ciudadano de los puestos de consejeros en ambos institutos. Esas instituciones autónomas, a la par de otras de interés público, se diseñaron de manera tal que su máxima autoridad estuviera constituida con consejos ciudadanos, porque el gobierno democrático no puede serlo cabalmente si los ciudadanos que no son militantes de partidos o grupos políticos, no tienen poder para vigilar y sancionar los excesos u omisiones de los gobernantes en áreas políticas estratégicas del gobierno, como son, en este caso, la electoral, la rendición de cuentas y la información pública. Los ciudadanos no podemos sentirnos representados por esos consejeros más “de partido” que de “a pie” como el pueblo en general. No tenemos confianza que mantengan una posición independiente del gobierno y de los partidos políticos. Si los partidos les hicieron el favor de darles el puesto, ¿qué garantía se tiene de que sean autónomos en sus juicios?
Los procesos observados en las designaciones recientes muestran un retroceso en la dinámica de entregar poder a los ciudadanos para incrementar la gobernabilidad democrática, y anuncia una regresión autoritaria en la cual el gobierno se nota harto de ser vigilado y sancionado por organismos con base en ciudadanos autorizados por la ley para eso precisamente: controlarlo. Este gobierno no quiere ser visto por nadie, sino en aquello que pueda presumir. No quiere ser exhibido por los excesos de sus personeros y funcionarios y no quiere, en suma y por inferencia, constituirse en gobierno plenamente democrático.
Además, estos hechos debilitan el interés de los ciudadanos en participar en el poder, porque prevén la simulación en la cual se pueden encontrar, si su sano y democrático propósito se ve envuelto en una danza de intereses facciosos y oscuros, por no ser públicos. Y hay peligro de configurar un círculo vicioso: los ciudadanos preparados no acuden a las convocatorias del poder pues no aceptan verse envueltos en luchas partidistas, lo cual deja espacio a otros ciudadanos muchas veces sólo interesados, legítimamente, en el empleo o la posible fama asociada al puesto.
Se observa así, un deterioro del Consejo del Instituto electoral, al configurarse con ciudadanos de bajo perfil. Lo cual se agudiza en el caso del Consejo del Instituto de Transparencia, donde la categoría de honorífico, atrajo incluso a ciudadanos en ignorancia de la responsabilidad a la que aspiraban. Y es de esperarse, aunque no lo deseamos, decisiones conflictivas o conflictos en las decisiones de ambos consejos. Lo cual sugiere un escenario futuro de intervención de los partidos para evitar o resolver esos conflictos y decisiones. Las elecciones competidas que se avecinan exigirán de la autoridad electoral una actitud sapiencial, la cual no hemos podido constatar aun en ninguno de los consejeros elegidos. La resolución de diferendos entre ciudadanos y funcionarios por disponer o no de información pública sensible exigirá de los consejeros del ITIP una enorme honestidad para resistir la tentación de no manipular los contenidos de los datos a los cuales tendrán acceso. Y aun no conocemos las reglas para sancionar las fallas que en esta área tan importante puedan caer los consejeros.
Ambos procesos fueron encarados por los diputados responsables con voluntad de designar a los mejores de manera imparcial y con base en criterios surgidos del puesto. Las convocatorias más precisas, la evaluación por examen, las entrevistas públicas, la publicación de sus avances en los medios, la atención a corregir sobre la marcha alguna deficiencia, da muestras de esa voluntad. Con pesar observamos que la "partidocracia" los arrolló igual que a los ciudadanos.
Estos datos exigen de quienes desean consolidar la democracia enfrentar este aviso de regresión con decisión y propuestas para modificar de raíz estos procesos de conformación de las instituciones públicas con ciudadanos no partidistas en el poder institucional. Por eso, queremos ofrecer una propuesta para procesos de selección de ciudadanos en los organismos públicos.
En primer lugar el Congreso ha de decidirse a construir, o en su defecto a consultar, bancos de información sobre los temas electoral, rendición de cuentas y otros. Así dispondrán de datos acerca de quién (personas, organizaciones, instituciones) trabaja en esas áreas y con qué frutos. De tal modo los diputados responsables de los procesos de designación pueden, con rapidez, enterarse del tema y de los principales actores. En segundo lugar los legisladores se han de comprometer con un perfil detallado, claro y socioprofesional para los puestos a ocupar por designación del Congreso. Con ambos ingredientes anteriores el Congreso puede hacer llegar invitaciones a participar en sus convocatorias a los actores destacados en cada área. En tercer lugar los diputados han de asegurar un proceso de designación público de principio a fin: perfiles publicados, criterios de selección claros publicados, audiencias de examen de candidatos (planeadas, preparadas y pertinentes) públicas, incluso oposición pública entre candidatos si fuera el caso. Y este proceso ha de quedar reglamentado para evitar su manipulación de proceso a proceso o de legislatura a legislatura. Al final, la decisión ha de ser en sesión plenaria pública, con discusión abierta, con votación candidato a candidato de quienes se consideran idóneos, y por mayoría calificada como es ahora.
Concluimos. Con base en nuestros intentos realizados de señalar públicamente algunas deficiencias, de realizar por nuestra parte lo pedido a los diputados, y de llamar la atención de los partidos y evitar su intromisión; verificamos la aceptación e incorporación de alguna de las precauciones sugeridas, constatamos procesos de designación y consejos ciudadanos que no dejan satisfechos a nadie, y, por tanto, aceptamos el imperativo de evitar regresiones autoritarias mediante la insistencia en democratizar la vida pública de Jalisco.
12.16.2005
Descripción
lumen Civitas ilumina las zonas oscuras de los hechos sociales.
lumen Civitas atrae a la luz a los amantes de la oscuridad y la opacidad.
lumen Civitas esta convencido: "Con luz se ve mejor".
lumen Civitas es un proyecto de ejercicio ciudadano de la gestión de lo público
con el propósito de hacer público el punto de vista de ciudadanos activos,
sobre los asuntos de la vida pública del Estado de Jalisco.
lumen Civitas no postula interés partidario o de grupo. Se anima con el interés
ciudadano de quien vive, sufre y goza la vida de la "Civitas" con mayor
intensidad cuando se relaciona e involucra con los hechos y sucesos de la
vida pública.
Quien este interesado en las miradas y las luces de ciudadanos ordinarios,
analistas espontaneos de la vida de la ciudad y con ideas propias encontrará
en este Blog una contribución crítica a la política de la Civitas.
¡BIENVENIDOS A LA LUZ!
